El fallo del panel de tres jueces del 30 de junio revocó una decisión de noviembre de 2021 de un juez federal que detuvo un acuerdo de juego de 30 años firmado por el gobernador Ron DeSantis y el presidente de la tribu seminole de la Florida Marcellus Osceola Jr. y aprobado por la Legislatura.

West Flagler Associates y el lugar de apuestas mutuales en Bonita Springs —propiedad durante muchos años de la familia Havenick— impugnaron la parte del acuerdo relativa a las apuestas deportivas, alegando que infringía la ley federal y causaría un “impacto significativo y potencialmente devastador” en sus operaciones. En el momento de presentarse la demanda, West Flagler Associates era propietaria de Magic City Casino de Miami, pero desde entonces lo vendió a PCI Gaming, que no forma parte del litigio. West Flagler Associates sigue teniendo intereses en otras operaciones de juego en la Florida.

La moción del viernes ocurrió después que el Tribunal Federal Apelaciones de Columbia rechazó la solicitud de los lugares de apuestas mutuales de una audiencia en pleno para reconsiderar el fallo del panel. Los lugares de apuestas mutuales pidieron que se suspenda la decisión del panel mientras solicitan la revisión de la Corte Suprema.

El fallo del panel “plantea una cuestión importante” para el alto tribunal “en cuanto al alcance de IGRA” y las apuestas deportivas móviles, dijeron los abogados de West Flagler Associates y Fort Myers Corporation en el documento presentado el viernes.

¿Qué es apostar en territorio tribal?

El plan de apuestas deportivas móviles del acuerdo de la Florida permitiría a los jugadores de cualquier lugar del estado hacer apuestas en línea, que se gestionarían a través de servidores situados en tierras tribales. El acuerdo establece que las apuestas “hechas a través de una aplicación móvil u otro dispositivo electrónico se considerarán hechas exclusivamente por la tribu”.

El juez federal de distrito Dabney Friedrich calificó la configuración de “ficción” e invalidó también otras partes del pacto. En su fallo de noviembre de 2021, el juez consideró que la secretaria del Departamento del Interior de Estados Unidos (DOI) Deb Haaland se equivocó al permitir que el acuerdo entrara en vigor. El DOI, que supervisa las apuestas tribales, apeló la decisión de Friedrich.

Sin embargo, el fallo unánime del panel de tres jueces en junio dijo que Friedrich se equivocó al considerar que el pacto infringía la ley federal.

La ley federal “no prohíbe que un pacto sobre el juego —que es un acuerdo entre una tribu y un estado— trate otros temas, incluidos los que rigen las actividades ‘fuera de las tierras indias’”, decía la decisión del panel.

Pero la moción del viernes argumentaba que el fallo entraba en conflicto con otras decisiones de apelación sobre la interpretación de la ley federal.

El panel “sostuvo que una tribu y un estado pueden usar el proceso establecido en el IGRA para conceder franquicias exclusivas de juego por internet a nivel estatal a las tribus indias”, decía la moción.

Esta interpretación contradice la clara intención del Congreso al promulgar el IGRA, que era establecer el juego “en tierras indias”, no proporcionar un medio para introducir el juego por internet en todo el estado”, escribió Hamish Hume, socio del bufete Boies Schiller Flexner LLP, que representa a West Flagler Associates y Fort Myers Corporation.

Hume también dijo que la decisión del panel también autorizaba a Haaland a dar su aprobación a tipos de juego “incluso cuando —como aquí— la ley del estado prohíbe el tipo de juego en cuestión” cuando se lleva a cabo fuera de las tierras tribales.

“Estas sentencias se apartan de la interpretación que todos los demás tribunales hicieron del IGRA y permiten su uso indebido de una forma en la que el Congreso no pretendía ni podía pretender. Como tal, plantea una ‘cuestión sustancial’ que justifica la revisión de la Corte Suprema”, escribió Hume.

El abogado de los lugares de apuestas mutuales exhortó al tribunal de apelación a emitir una suspensión que bloquee la decisión del panel, señalando en parte a una enmienda en la Constitución de la Florida que requiere una votación en todo el estado para la expansión de los juegos de azar.

Permitir que el pacto entre en vigor “alterará el statu quo en todo la Florida” y tendrá un impacto de gran alcance, escribió Hume.

“Además, la interpretación sin precedentes que hace el panel del IGRA puede ser usada por otros estados y tribus como modelo para ampliar el juego fuera de las tierras indígenas, en donde generalmente no está permitido en un estado. La opinión del panel permite así un cambio extremo en la política pública sobre el juego legalizado, que, una vez iniciado, puede ser difícil de detener. Por lo tanto, es de interés público preservar el statu quo con respecto al juego en línea hasta que la Corte Suprema haya tenido la oportunidad de revisar la petición de los apelados de un recurso de certiorari”, dijo.

Miles de millones de ingresos potenciales para el estado

Además de otorgar a los seminoles el control de las apuestas deportivas en línea, el acuerdo le permite a la tribu ofrecer dados y ruleta en sus casinos; asimismo, el acuerdo permitiría a los seminoles añadir tres casinos en propiedad tribal en el Condado Broward.

A cambio, la tribu se comprometía a pagarle al estado un mínimo de $2,500 millones durante los primeros cinco años y posiblemente miles de millones más a lo largo del pacto de tres décadas. El acuerdo también sumó a la Florida a los numerosos estados que se lanzaron a las apuestas deportivas después de un fallo de 2018 de la Corte Suprema federal que despejó el camino para tales apuestas en Nueva Jersey.

Los Seminoles lanzaron brevemente la aplicación móvil Hard Rock SportsBook en medio de las disputas legales, pero dejaron de aceptar apuestas y depósitos en la aplicación en diciembre de 2021 tras el fallo de Friedrich.

Los críticos del pacto dijeron que el acuerdo no cumplía una enmienda constitucional de 2018 que requiere la aprobación de los electores de todo el estado para la ampliación del juego en la Florida.

La decisión del panel de apelación de junio no se pronunció sobre si el pacto infringía la enmienda, que fue respaldada por el grupo No Casinos. No Casinos y los prominentes empresarios del sur de la Florida Armando Codina y Norman Braman presentaron una demanda federal separada impugnando el pacto.

Eugene Stearns, abogado que representa a No Casinos y a los empresarios, le dijo el lunes a The News Service of Florida que su grupo no tiene previsto presentar un recurso legal ante un tribunal estatal por el acuerdo de los seminoles sobre las apuestas.

“La realidad es que las apuestas deportivas ahora son omnipresentes”, dijo Stearns, presidente del concejo de administración de la empresa Stearns Weaver Miller. “Para mí, ese barco ya zarpó”.